¿Por qué el MP investiga al gobierno de Arévalo pero no al de Giammattei? 

La actuación del Ministerio Público (MP) de Guatemala bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras ha sido objeto de críticas por su aparente parcialidad en la investigación de casos de corrupción, mostrando una actitud permisiva hacia el gobierno de Alejandro Giammattei (2020–2024) y una postura más agresiva frente a la administración de Bernardo Arévalo (desde 2024).​

Casos no investigados del gobierno de Giammattei

Durante la presidencia de Giammattei, se presentaron numerosas denuncias de corrupción que el MP no investigó de manera efectiva:​

Caso «Red Q»: El gobierno de Arévalo denunció la creación de plazas fantasma en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) durante la administración de Giammattei, beneficiando a allegados como Melvin Quijivix. A pesar de las pruebas presentadas, el MP no avanzó en la investigación. ​

Denuncias sin respuesta: El presidente Arévalo afirmó que su gobierno ha presentado más de 170 denuncias de corrupción contra funcionarios de administraciones anteriores, especialmente la de Giammattei, sin que el MP haya mostrado avances significativos en las investigaciones. Protección a Miguel Martínez: A pesar de las acusaciones de corrupción contra Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno y cercano a Giammattei, el MP no ha iniciado investigaciones en su contra. ​

Persecución al gobierno de Arévalo

En contraste, el MP ha mostrado una actitud proactiva en la investigación y persecución de miembros del gobierno de Arévalo:​

Solicitudes de retiro de inmunidad: El MP ha solicitado en múltiples ocasiones el retiro de la inmunidad presidencial de Arévalo para investigarlo por presunto abuso de autoridad, incluyendo casos relacionados con pagos a empresas contratadas por la administración anterior. ​

Investigación por la toma de la USAC: El MP solicitó el retiro de inmunidad de Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera por su supuesta participación en la toma de la Universidad de San Carlos, acusándolos de delitos como depredación de bienes culturales y asociación ilícita. 

Arresto de funcionarios: Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible y exlíder indígena, fue arrestado por el MP bajo cargos de terrorismo y asociación ilícita, en un caso que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos como una criminalización de la protesta social. ​

La diferencia en el proceso de casos por parte del MP sugiere una utilización selectiva de la justicia, donde se omiten investigaciones contra figuras del gobierno anterior mientras se persigue activamente a miembros del gobierno actual. Esta situación genera preocupación tanto a nivel nacional como internacional sobre la independencia del sistema judicial guatemalteco y su papel en la protección del Estado de derecho.

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