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“La ley es para todos”: Consuelo Porras responde a cuestionamientos durante visita de relatora de la ONU 

Autor: Jefatura Información
Fecha: mayo 14, 2025


El 13 de mayo de 2025, la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, sostuvo una reunión con Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados. Este encuentro se enmarca en la visita oficial de Satterthwaite al país, cuyo objetivo es evaluar la situación del sistema de justicia guatemalteco.

Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU junto a Consuelo Porras, fiscal general del MP. Foto: MP/QuetzalTV.

Durante la reunión, Porras reiteró el compromiso del Ministerio Público (MP) con la legalidad y la imparcialidad en la administración de justicia. A través de su cuenta en la red social X , expresó: «Investigar no es criminalizar. Decir que algunos no deben ser investigados es aceptar privilegios. En el Ministerio Público no hay excepciones.» 

El Ministerio Público también emitió un comunicado en el que afirma que sus fiscales han sido blanco de amenazas y campañas de desprestigio. El texto recuerda que durante la visita del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2023 se solicitaron medidas de protección, sin respuesta. El mensaje parece anticipar que la visita de la ONU no será terreno neutral, sino parte de una batalla narrativa en curso.

Consuelo Porras se respaldo en la reunión con la ONU junto a los fiscales del MP, incluyendo al Secretario General, Ángel Pineda y al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche. Foto: MP/QuetzalTV.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo se reunió con la relatora un día antes y expresó su preocupación por las «limitaciones» existentes en Guatemala para garantizar un sistema judicial independiente, señalando directamente las acciones del Ministerio Público como uno de los principales obstáculos.

La visita de Margaret Satterthwaite se extenderá por dos semanas. En ese tiempo, sostendrá reuniones con actores clave del sistema judicial, defensores de derechos humanos y representantes del gobierno. Al final, se espera que presente un informe que podría influir en el respaldo internacional hacia la institucionalidad guatemalteca.

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