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Con el objetivo de fomentar un sistema de movilidad seguro, inclusivo, equitativo y sostenible en Guatemala, diputados del bloque oficialista, encabezados por Ronalth Ochaeta y Manfredo Duvalier Castañon, presentaron una iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
La propuesta establece por primera vez en una ley que todas las personas tienen derecho a moverse de forma segura, accesible y eficiente, lo que implica una transformación en la forma en que el Estado planifica y ejecuta proyectos de transporte y seguridad vial.
“Esta iniciativa busca llenar un vacío legal que impide la ordenación de la red vial. En 2024 se reportaron más de 15 mil personas afectadas en incidentes de tránsito que podrían haber sido prevenibles, lo que también afecta al área de salud con la saturación de hospitales”, señaló el diputado Ronalth Ochaeta.
¿Qué propone la iniciativa?
El proyecto incluye la creación del Consejo Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (CONAMS), un ente asesor que estaría adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), encargado de liderar la formulación e implementación de la Política Intersectorial Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
La ley busca integrar a todos los actores de la movilidad: peatones, ciclistas, personas con discapacidad, usuarios del transporte público, entre otros y coordinar a todas las entidades estatales en una política común.
La iniciativa reconoce por primera vez el derecho legal a moverse de forma segura y accesible, lo que obligaría al Estado a dejar de tratar el transporte como un privilegio y asumirlo como un derecho básico. Para ello, se plantea que todas las instituciones y municipios trabajen de manera coordinada, bajo una planificación estructurada que fortalezca la conectividad regional y la integración entre zonas urbanas y rurales.
Además, la propuesta impulsa el uso de recursos de los Consejos de Desarrollo para dar mayor autonomía a los territorios en la ejecución de proyectos de movilidad y abre la puerta a alianzas público-privadas que permitan atraer inversión en infraestructura y servicios de transporte.
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