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San Carlistas expresaron su rechazo a la decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que acordó la expulsión de diez estudiantes señalados por participar en la toma de instalaciones universitarias entre 2022 y 2023.
En un comunicado publicado el 29 de mayo, las asociaciones señalaron que la medida “viola derechos humanos” y representa un atentado contra la libertad de expresión y la organización estudiantil. También convocaron a la comunidad universitaria y a la sociedad civil a manifestarse en defensa de los estudiantes sancionados.
Los expulsados son:
- Andrés Ernesto García Flores – Escuela de Ciencia Política y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
- Sahara Yarith Méndez Anckermann – Facultad de Agronomía.
- Diego Plutarco De León Prado – Facultad de Ingeniería y Facultad de Humanidades.
- Evelyn Myte Recinos Donis – Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.
- Edmar Eduardo Arriola Toc – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
- Yonshual Nehemías Xinico Ajú – Facultad de Agronomía.
- José Guillermo Herrera López – Escuela de Ciencias de la Comunicación.
- Hazel Elissa Magdalena Morales Camey – Escuela Superior de Arte.
- Gustavo Tax – Facultad de Agronomía.
- Sergio Yoel Morataya De León – Escuela de Ciencia Política.
Andrés García, estudiante de Derecho y de Ciencia Política, figura entre los sancionados. En entrevista, explicó que no ha recibido una notificación formal, pero fue informado por consejeros estudiantiles aliados.
Según García, los cargos de acusación se basan en publicaciones de redes sociales donde aparecen en conferencias de prensa, pero “no hay evidencia de participación en tomas prolongadas que constituyan usurpación agravada”. Añadió:
“Durante ese periodo, yo estaba recibiendo clases virtuales. Las autoridades decidieron no reabrir la universidad presencialmente hasta 2023, a pesar de haber recuperado las instalaciones. ¿Por qué no reanudaron las clases si ya las tenían?”
García también cuestionó el procedimiento administrativo: “No pasaron nuestros casos por las unidades académicas como establece la normativa. El proceso fue directo al CSU, lo cual viola la autonomía universitaria y las normas internas”.
El CSU también discutió sanciones contra diputados registrados como estudiantes, como José Chic, Luis Ventura, Brenda Mejía, Raúl Barrera, David Illescas, Elena Motta, Duvalier Castañón y Samuel Pérez. Según el comunicado oficial, estas acciones buscan proteger el prestigio institucional ante la “desinformación sobre la calidad, prestación de servicios, y transparencia administrativa”.
En respuesta, estudiantes de diversas unidades académicas realizaron un plantón frente a la Rectoría desde la mañana del 30 de mayo. Portaron pancartas y consignas en rechazo al CSU y a Walter Mazariegos, a quien señalan como “usurpador”.
La División de Seguridad Universitaria informó sobre el cierre preventivo de los portones del campus central, indicando que buscaban evitar “amedrentamientos” por parte de personas que dijeron pertenecer a otra universidad. Aclararon que las actividades académicas continúan con normalidad dentro del campus.
Un grupo de manifestantes utilizó piedras para romper los candados del portón principal y el paso quedó habilitado para el resto de estudiantes y manifestantes, quienes continuaron con la concentración pacífica en el interior de la universidad.
Andrés García afirmó que, aunque la expulsión lo limita en sus estudios académicos, continuará denunciando lo que considera abusos dentro del CSU y la universidad: “No vamos a dejar de alzar la voz. Esta universidad es del pueblo, y la vamos a seguir defendiendo”.
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