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La reciente orden de captura girada por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal contra Iván Velásquez Gómez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia, generaron reacciones nacionales e internacionales.
Ambos son señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de haber favorecido a empresarios de Odebrecht mediante acuerdos de cooperación que, según el Ministerio Público (MP), habrían causado un perjuicio de más de Q3 mil millones al Estado.
Sin embargo, el caso “Odebrecht” en Guatemala tiene sus raíces en investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI durante los años 2016 a 2019, cuando era dirigida por el fiscal Juan Francisco Sandoval. El caso Odebrecht en Guatemala surgió como parte de una investigación regional sobre la constructora brasileña, que reconoció haber pagado sobornos a funcionarios en al menos 12 países.
En Guatemala, los sobornos superaron los US$17.9 millones entre 2013 y 2015. Según la CICIG, estos pagos se realizaron a cambio de contratos millonarios de infraestructura, especialmente la construcción y ampliación de la carretera CA-2 Occidente.
La ruta del dinero reveló que los sobornos fueron canalizados a través de empresas de cartón y cuentas offshore. La investigación estableció que Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina, recibió más de US$11 millones en sobornos. Parte de esos fondos habrían sido compartidos con Manuel Baldizón, excandidato presidencial y señalado de lavado de dinero.
Ambos políticos fueron acusados de asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo. Baldizón fue capturado en EE. UU. y deportado a Guatemala, mientras que Sinibaldi se entregó en 2020 tras permanecer prófugo por varios años. En paralelo, ejecutivos de Odebrecht firmaron un acuerdo de colaboración eficaz con la FECI y devolvieron US$17.9 millones al Estado de Guatemala como parte de un proceso judicial autorizado.
Este acuerdo, avalado por jueces en su momento, fue uno de los primeros en su tipo en el país y sirvió para documentar la red de corrupción trasnacional. También permitió avanzar con las imputaciones penales contra altos funcionarios guatemaltecos, aunque desde la salida de la CICIG en 2019, varios de estos procesos fueron debilitados o revertidos.
A pesar del trabajo conjunto que permitió evidenciar cómo operaba Odebrecht en Guatemala, las investigaciones actuales impulsadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) bajo la dirección de Rafael Curruchiche toman un giro distinto, centrando la atención en los exfuncionarios que colaboraron con las investigaciones y no en los actores políticos señalados como beneficiarios de los sobornos.
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