Comunidades bloquean carretera en Izabal por falta de respuesta sobre licencias mineras 

54 comunidades de Livingston, Izabal, se movilizaron el lunes 17 de junio en protesta pacífica para exigir la cancelación definitiva de todas las licencias mineras en la Sierra Santa Cruz. Las manifestaciones se intensificaron tras la ausencia del ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, y de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, quienes no asistieron a una reunión pactada con la población.

La convocatoria se realizó en la cancha deportiva ubicada bajo el puente de Río Dulce, donde cientos de comunitarios Q’eqchi’, garífunas y mestizos se concentraron desde tempranas horas. La reunión fue acordada el pasado 23 de mayo, luego de una caminata comunitaria, con la promesa de que las autoridades entregarán un informe sobre las licencias mineras otorgadas en la región.

Al lugar sólo se presentaron el gobernador departamental de Izabal, Carlos Tenas; el alcalde de Livingston, Enrique Xol; y los diputados Edgardo Ramírez, Thelma Ramírez y Juan Ramón Rivas. Fue este último quien leyó un comunicado del Ministerio de Ambiente (MARN) que confirmaba que los informes de inspección ya fueron enviados a las partes interesadas.

Representantes comunitarios expresaron que el documento no daba una respuesta clara sobre si las licencias mineras habían sido revocadas o continuarán vigentes. “Vinimos a escuchar respuestas si están canceladas o no”, señaló una delegada comunitaria.

En medio del reclamo colectivo, esa misma persona dijo: “Ustedes tienen ahí ese chingonal de hojas y ahí tiene que estar sí están canceladas o no están canceladas”.

Durante el encuentro, el gobernador Carlos Tenas reconoció que el informe del MARN no tomó en cuenta a entidades clave como la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce (AMASURLI), al señalar: “No se consultó a AMASURLI”.

Tenas añadió: “Ahora se dio un paso en rendir el informe, y el mismo informe dice que ya vendrán las acciones legales que correspondan, lleva etapas el proceso y es lo que debemos estar vigilando”.

Denuncian falta de consulta y rechazo a operaciones mineras

Según las autoridades comunitarias, las licencias fueron otorgadas sin consulta previa durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. En la región operan empresas como Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Mayaníquel S.A. y Río Nickel S.A., además de nuevos proyectos que estarían por iniciar exploración o explotación minera.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el pasado 15 de mayo inspeccionó 10 proyectos mineros —dos de explotación y ocho de exploración— en la Sierra Santa Cruz. Estos habían recibido licencias ambientales en 2023, pero aún no cuentan con licencia de operación del Ministerio de Energía y Minas.

“Como resultado de los hallazgos de las inspecciones realizadas, el proceso administrativo continuará su curso en estricto cumplimiento de la normativa ambiental. Este proceso requiere cumplir y agotar todos y cada uno de los pasos que la ley establece”, mencionó el MARN en un comunicado.

Bloqueo de carreteras como medida de presión

Ante la falta de respuestas concretas, las comunidades iniciaron un bloqueo vehicular desde las 14:00 horas del mismo día en el kilómetro 279.5 de la ruta CA-13, en jurisdicción del barrio La Báscula, Río Dulce. Más tarde, se movilizaron hacia San Antonio Sejá, donde se mantiene el cierre de carretera.

Durante la protesta, los comunitarios colocaron troncos y toldos sobre la vía, impidiendo el paso de vehículos, y sobre todo el transporte pesado. La medida busca presionar al Gobierno de Guatemala para que declare la cancelación oficial de las licencias que, según indican, amenazan las fuentes de agua en la Sierra Santa Cruz.

Según el MARN, en la Sierra Santa Cruz se inspeccionaron 10 proyectos mineros, entre ellos dos de explotación y ocho de exploración. Las comunidades denuncian que estas actividades contaminan las fuentes de agua de la región. “Nuestros ríos ya no son claros como antes, la minería los está enfermando”, afirmó un líder comunitario.

Acción legal contra ministros

Los tres diputados presentes anunciaron que presentarán una acción legal contra los ministros Ventura y Orantes por incumplimiento a su compromiso de asistir a la reunión. «Las comunidades piden al gobierno de Bernardo Arévalo respuestas positivas y favorables», declararon durante el acto.

La reunión finalizó después de una hora y media entre tensión e inconformidad. Los comunitarios advirtieron que mantendrán las protestas hasta recibir una respuesta directa por parte de los ministros. Mientras tanto, comerciantes y otras personas se sumaron a la protesta y el bloqueo continúa en el km 279.5 de la CA-13 jurisdicción de San Antonio Sejá en Izabal. 

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