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Guatemala y Estados Unidos han ratificado un acuerdo que tiene como objetivo garantizar el traslado digno, seguro y oportuno de nacionales de países centroamericanos a Guatemala. El acuerdo, que entró en vigor el 27 de junio, compromete a ambas partes a actuar conforme a sus respectivas obligaciones internacionales, constituciones nacionales, leyes, reglamentos y políticas de inmigración y visados.
Según el texto publicado en el diario oficial, Guatemala considerará las solicitudes de refugio o protección temporal equivalente que presenten estas personas una vez en territorio nacional. El acuerdo también establece que cualquiera de las partes podrá rescindir o suspender el presente acuerdo al notificarlo por escrito a la otra parte con 30 días de antelación.
El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el convenio suscrito no tiene nada que ver con temas de migración y enfatizó que el enfoque está en proporcionar refugio a centroamericanos, particularmente nicaragüenses, que no pueden regresar a su país por razones políticas o humanitarias. Sin embargo, el excanciller Alfonso Cabrera expresó su preocupación sobre las implicaciones jurídicas y operativas de este acuerdo para Guatemala.
Aunque el acuerdo está en vigor, aún no se han detallado públicamente los mecanismos operativos, el número estimado de personas trasladadas ni la forma en que Guatemala atenderá las solicitudes de refugio o protección temporal. El internacionalista Luis Fernando Andrade Falla considera que el acuerdo busca formalizar una cooperación que ya se ha venido implementando en materia migratoria.
El acuerdo ha generado debate público y político debido a sus similitudes con el acuerdo de «tercer país seguro» firmado en 2019, aunque las autoridades insisten en que no se trata de lo mismo. La ratificación de este acuerdo refleja los esfuerzos de Guatemala y EE. UU. por fortalecer la cooperación en materia migratoria.
En resumen, el acuerdo entre Guatemala y EE. UU. busca garantizar el traslado digno y seguro de migrantes centroamericanos a Guatemala, mientras que el país considera solicitudes de refugio de acuerdo con sus leyes y compromisos internacionales.
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