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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó 316 muertes maternas durante 2023, la mayoría ocurridas en áreas rurales y con mayor impacto entre mujeres indígenas y con baja escolaridad.
Pese a una reducción del 7.7% en comparación con 2022, los datos reflejan que persisten factores estructurales que dificultan el acceso oportuno y de calidad a la atención médica durante el embarazo, parto y posparto.
La presentación del Informe de Mortalidad Materna 2023 fue encabezada por la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades del MSPAS, junto con la actualización de las Normas de Atención Integral para la Red Integrada de Servicios de Salud.
El informe señala que la Razón de Muerte Materna (RMM) fue de 85 por cada 100,000 nacidos vivos. Según el Dr. Manuel Chaclán, director del Programa de Salud Reproductiva, si la tendencia actual se mantiene, Guatemala podría alcanzar antes de 2030 la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de reducir esta razón a menos de 70.
Las principales causas de muerte siguen siendo prevenibles: trastornos hipertensivos del embarazo (32.6%), retención placentaria y atonía uterina (ambas con 22.8%), infecciones (14%) y complicaciones quirúrgicas (8.3%).
Estas condiciones médicas explican el 61% de los fallecimientos. El informe también indica que el 86.5% de las mujeres recibieron al menos un control prenatal, pero con un promedio de solo tres visitas y que casi la mitad de los partos fueron atendidos en hospitales nacionales.
“Más allá de ser un compendio de estadísticas, es la historia de miles de mujeres guatemaltecas”, expresó la vicepresidenta Herrera, al destacar que los datos deben interpretarse como una guía para mejorar el sistema de salud público.
El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, subrayó que el objetivo no es solo reducir las muertes maternas. “Vamos a trabajar de forma coordinada e intersectorial para construir una sociedad en donde todos, en especialmente las mujeres gestantes tengan acceso a una salud continua”, afirmó.
Su declaración responde a las profundas desigualdades que reflejan los datos: las mujeres que mueren son mayoritariamente indígenas, con poca escolaridad y residentes de zonas rurales.
En estas mismas comunidades se reporta también el mayor número de casos de desnutrición aguda. Según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), en 2024 se registraron 28,701 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años, con 83 muertes confirmadas. El departamento de Alta Verapaz, con más de 3,400 casos, encabeza la lista junto a Escuintla, San Marcos y Guatemala Sur, que en conjunto concentran el 35% del total nacional.
Para el viceministro de Salud, Edgar González, el problema de salud materna no puede abordarse de forma aislada: “Se trata de avanzar realmente en la mejora de la salud materna, lo cual está directamente relacionado con mejorar la salud de las mujeres en general, no solo durante la etapa reproductiva, sino también antes y después de ella”.
La nueva versión de las Normas de Atención Integral, presentada por la Dirección de Normatividad de Programas de Atención a las Personas (DNPAP), busca este enfoque. El documento introduce lineamientos diferenciados por etapa de vida, refuerza el control prenatal, la atención posparto, la detección de enfermedades crónicas y el fortalecimiento de la atención comunitaria.
En áreas con altos índices de desnutrición infantil y mortalidad materna, como el norte de Alta Verapaz, las autoridades sanitarias empezaron a implementar brigadas de salud y programas integrados que incluyen control nutricional, acceso a agua potable y saneamiento.
La relación entre salud materna y desnutrición infantil no es casual. La desnutrición durante el embarazo, sumada a las deficiencias estructurales del sistema de salud y la desigualdad territorial, incrementa el riesgo de complicaciones graves y muerte tanto para la madre como para el recién nacido.
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