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El presidente Bernardo Arévalo anunció que el Ejecutivo presentó al Congreso de la República la iniciativa de ley 65-93, que busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. Según el mandatario, la aprobación de esta normativa es clave para evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
“Esta no es una ley más. Se trata de un golpe directo al corazón del narcotráfico y del crimen organizado. No hay narcotráfico sin lavado de dinero”, mencionó Arévalo durante una conferencia de prensa y expuso que la ley fue elaborada con aportes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
La iniciativa, identificada como 65-93, fusiona en un solo cuerpo legal la Ley contra el Lavado de Dinero de 2001 y la Ley para Prevenir el Financiamiento del Terrorismo de 2005. Contiene 126 artículos divididos en seis títulos que refuerzan la prevención, amplían la lista de entidades obligadas a reportar actividades sospechosas y establecen controles más estrictos para identificar beneficiarios finales de operaciones financieras.
Jonathan Menkos, ministro de Finanzas declaró: “Esto es uno de los legados más importantes del Gobierno del presidente, en términos del esfuerzo de tener una modernización de la institucionalidad en nuestro país”. También explicó que la normativa incorpora delitos como el trasiego de dinero y busca no solo sancionar, sino prevenir estas actividades mediante mecanismos nuevos.
Entre las reformas adicionales se encuentran cambios al Código Penal, Código de Comercio, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la ley sobre servicios de seguridad privada. También se plantean disposiciones transitorias para facilitar la implementación y adaptación de los sistemas de información financiera del país.
El superintendente de Bancos, Saulo de León, advirtió que, de no aprobarse la normativa, Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris, lo cual implicaría “graves consecuencias económicas”. Señaló que esto afectaría la reputación del sistema bancario nacional, limitaría operaciones internacionales y pondría en riesgo la recepción de remesas.
El Ejecutivo indicó que la iniciativa será conocida como primer punto en la agenda legislativa de este martes. La propuesta se presenta con carácter de urgencia nacional, como parte de lo que el presidente Arévalo definió como “la lucha más urgente que enfrentamos como nación”.
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