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Guatemala atraviesa una etapa marcada por el incremento de hechos violentos, mientras distintas instituciones del Estado exponen sus acciones y limitaciones frente a la inseguridad. Según el Índice de Denuncias Delictivas (IDD), entre enero y mayo de 2025 se registraron 271 homicidios más que en el mismo periodo del año anterior.
El investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Walter Menchú, explicó que “los departamentos en donde más aumentaron los homicidios fueron Guatemala, Petén y Quetzaltenango; mientras que los departamentos en donde más disminuyeron fueron El Progreso, Quiché y Jutiapa”.
En medio de este panorama, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, defendió el modelo penitenciario Renovación 1, al que considera una herramienta central para el control del crimen organizado. Durante una conferencia de prensa, aseguró: “El hecho de llevar a renovación 1 a los cinco líderes de cada una de las pandillas es una prueba de ello. Van a estar en una sola celda, controlados totalmente y eso no lo pudiéramos hacer en ningún otro centro carcelario”.
Jiménez reconoció la existencia de debilidades en el sistema, como la corrupción y la falta de inversión durante décadas. “Un sistema penitenciario que durante 35 años nunca invirtió en infraestructura no puede dar más que un ecosistema criminal al interno. Tenemos control del sistema, no solo de la seguridad perimetral”, afirmó y agregó: “No es imposible cambiar totalmente el sistema, pero sí les garantizo que vamos a dejar las bases para que este cambio continúe”.
Desde el Ministerio Público (MP), la fiscal general María Consuelo Porras declaró que la trata de personas, otro delito vinculado a redes criminales. “No toleraremos jamás la trata de personas porque no es solo un delito, es una forma moderna de esclavitud”, expresó.
“Tenemos identificados los puntos críticos, los días, las horas y los lugares donde ocurren hechos de violencia. Esta información ha sido compartida con las autoridades responsables. Ya no hay excusa para no actuar”, comentó la fiscal general sobre los hechos violentos en el país.
El secretario general del MP, Ángel Pineda, cuestionó la falta de reacción por parte de las autoridades responsables de prevenir los delitos. “Tienen los datos. Tienen la información. Lo que no hay es reacción”, dijo y recordó que “cada vez que intervenimos en un caso penal, es porque ya hubo una víctima. Eso significa que el Estado le falló a esa persona al no prevenir el delito”.
Por su parte, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, lamentó que las capturas realizadas se vean debilitadas por la Ley de Aceptación de Cargos. “El 100% de los detenidos por portación ilegal de arma de fuego son beneficiados con esta ley. Se les reduce la pena, obtienen medidas sustitutivas y vuelven a las calles. No están obligados a dar información, a diferencia de la figura del colaborador eficaz”, explicó durante la conferencia de prensa La Ronda.
Boteo detalló que, en lo que va del año, la PNC capturó a más de 25 mil personas y decomisado más de dos mil armas de fuego. “Inclusive en los centros carcelarios hemos incautado armas de fuego en las 35 requisas realizadas en coordinación con el sistema penitenciario”, agregó.
El viceministro de Seguridad, José Ronaldo Portillo, informó sobre la continuidad de operativos en centros nocturnos y retenes de tránsito. “Estamos trabajando con operativos de tránsito para identificar personas bajo efectos de ebriedad, personas cometiendo ilegalidades. También las requisas continúan. Este trabajo se hace de manera transparente”, aseguró.
El MP asegura que ya identificó los puntos críticos de violencia y entregó esa información a las autoridades responsables. La PNC sostiene que, aunque realizan capturas de forma constante, muchas personas detenidas son liberadas por resoluciones judiciales. Este ciclo, según la institución, reduce el impacto de su trabajo y complica los esfuerzos por contener la violencia en el país.
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