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En un esfuerzo por proteger las semillas nativas frente a la amenaza de los transgénicos y la privatización de la biodiversidad, autoridades indígenas y organizaciones campesinas continúan promoviendo la iniciativa de ley 6086, que busca resguardar los conocimientos ancestrales y la biodiversidad del país.
Esta propuesta legislativa fue presentada en 2022 por autoridades indígenas y la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), como respuesta al avance de leyes como la conocida «Ley Monsanto».
Como parte de esta lucha, el pasado jueves 10 de abril se realizó la tercera Feria Nacional de la Semilla en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura en la capital. El evento reunió a productoras y productores de distintas regiones del país que intercambiaron semillas criollas, compartieron experiencias y exigieron al gobierno guatemalteco una política pública nacional de agroecología.
Paulina Caal, representante de REDSAG y mujer Maya Q’eqchi’, explicó que esta feria forma parte de una gira nacional que comenzó el 8 de abril en San Marcos y continuará hasta el 26 de abril, con paradas en lugares como Jocotán, Alta Verapaz y Mazatenango.

“Estas ferias buscan visibilizar la biodiversidad y la riqueza natural que los pueblos han protegido de forma milenaria. También es un espacio para revalorar nuestras semillas nativas y exigir al Gobierno que apoye a quienes practican la agroecología y defienden sus territorios”, dijo Caal.
La representante también advirtió sobre los riesgos de permitir la expansión de semillas transgénicas en Guatemala. Según Caal, el reglamento vigente sobre organismos vivos modificados no garantiza una supervisión adecuada, lo que pone en peligro no solo las semillas originarias, sino también los suelos y la salud de las comunidades.
¿Por qué preocupan las semillas transgénicas?
Desde el enfoque de los pueblos originarios y organizaciones como REDSAG, las semillas transgénicas representan múltiples amenazas:
Dependencia económica: Las semillas transgénicas suelen estar patentadas por grandes corporaciones. Los agricultores no pueden guardarlas ni resembrarlas, sino que deben comprarlas cada año, lo que genera dependencia y endeudamiento.
Uso obligatorio de químicos: Estas semillas están diseñadas para utilizarse con herbicidas y fertilizantes específicos, como el glifosato. Esto implica costos adicionales y contaminación ambiental y riesgos a la salud.

Contaminación genética: Las semillas transgénicas pueden cruzarse con cultivos nativos por polinización, viento o agua, afectando la biodiversidad y poniendo en riesgo variedades ancestrales.
Criminalización del agricultor: En otros países, campesinos han sido demandados por cultivar accidentalmente semillas patentadas. Esto ya se vivió en Guatemala con intentos de aplicar la llamada «Ley Monsanto».
Pérdida de saberes ancestrales: El uso masivo de semillas modificadas interrumpe el conocimiento ancestral que ha pasado de generación en generación, sobre qué sembrar, cuándo y cómo hacerlo de forma natural y sostenible.
Caal recordó que en 2014, el pueblo guatemalteco logró derogar una ley que favorecía a empresas como Monsanto, tras masivas protestas. Sin embargo, advirtió que nuevos intentos de reintroducir esas políticas están surgiendo de nuevo, por lo que llamó a la población a estar alerta y sumarse a las luchas por la soberanía alimentaria.
“Esto no es solo por las semillas, es por nuestras generaciones futuras, por nuestra salud y por el derecho de decidir cómo queremos alimentarnos”, concluyó Caal.
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