CACIF impugna artículo 120 del Código Tributario por violación a la privacidad y el derecho a la defensa 

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 120 reformado del Código Tributario, contenido en el Decreto 31-2024. Este artículo establece nuevas obligaciones de inscripción, actualización y ratificación de datos para contribuyentes, bajo la administración de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué establece el artículo 120?
La reforma al artículo 120 obliga a los contribuyentes a actualizar su información anualmente, y la SAT puede suspender su inscripción si detecta inconsistencias en los datos o si no se realiza la actualización. Además, el artículo faculta a la SAT a solicitar información a otras entidades sin la necesidad de una orden judicial, lo que genera preocupaciones sobre el acceso sin restricciones a datos sensibles.

¿Por qué CACIF se opone?
El sector empresarial argumenta que esta reforma vulnera el derecho a la privacidad y debilita el principio de legalidad establecido en la Constitución, ya que otorga a la SAT poderes que exceden los límites legales y pueden dar pie a abusos. El CACIF señala que la posibilidad de suspender actividades de un contribuyente sin una orden judicial, basándose únicamente en inconsistencias administrativas, y el requerimiento de datos sin control judicial, pone en riesgo las garantías individuales.

A pesar de estar comprometidos con el cumplimiento tributario, los empresarios destacan que cualquier reforma fiscal debe respetar los derechos constitucionales y el debido proceso, para evitar que se convierta en una herramienta de control excesivo.

El CACIF confía en que la Corte de Constitucionalidad resolverá conforme a derecho y protegerá las garantías individuales y jurídicas de los ciudadanos frente a lo que consideran una intromisión desproporcionada del Estado.

Esta reforma afectaría tanto a empresas como a individuos, al obligarlos a entregar más información personal y administrativa a la SAT, sin el control adecuado. Esto podría crear un entorno donde el Estado tenga un acceso desmedido a los datos privados, sin suficiente supervisión judicial, lo cual genera serias preocupaciones sobre la privacidad y el abuso de poder.

“El respeto a la Constitución es la base fundamental para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Esta reforma debilita el principio de legalidad y vulnera garantías individuales que deben estar protegidas en un Estado de Derecho”, expresó la organización en su comunicado oficial.

Con la acción ya presentada, corresponde a la Corte de Constitucionalidad admitir el expediente y resolver si suspende provisionalmente la aplicación del artículo impugnado mientras se analiza el fondo del caso. El fallo final de la Corte determinará si el nuevo artículo 120 se mantiene vigente o si debe ser anulado por inconstitucionalidad.

Escrito por: