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mayo 23, 2025Más de 6 mil hogares en situación de pobreza en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal podrían acceder por primera vez a energía eléctrica mediante paneles solares, en un intento por atender una deuda histórica con comunidades que han vivido al margen del desarrollo energético del país.
El proyecto, que contempla la instalación de sistemas de energía solar en viviendas de 92 comunidades de la Franja Transversal del Norte, busca beneficiar a unas 45 mil personas. Aunque la iniciativa es considerada una de las más amplias en su tipo en el país, su ejecución aún depende de la ratificación final por parte de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), la entidad estatal que promueve la propuesta.

La licitación fue adjudicada al Grupo SEEG, S.A., por un monto de Q89.4 millones. Según el INDE, el proceso se llevó a cabo bajo estándares de transparencia, aunque sectores de la sociedad civil han pedido mayor seguimiento y fiscalización para garantizar la ejecución efectiva y el uso adecuado de los fondos públicos.
La carencia de electricidad ha limitado históricamente las oportunidades educativas, productivas y de salud en estas comunidades. Organizaciones locales y líderes comunitarios han denunciado durante años el rezago en infraestructura básica, incluida la energía eléctrica, que en muchos casos ha sido sustituida por soluciones precarias como velas o generadores contaminantes.
Además del acceso a un servicio básico, el proyecto plantea beneficios ambientales por el uso de energía solar, una fuente renovable que podría reducir la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, expertos advierten que la sostenibilidad de este tipo de iniciativas dependerá del mantenimiento adecuado de los equipos y de la capacitación a los usuarios.

En tanto se ratifica el contrato, las expectativas en las comunidades son altas, pero también persiste el escepticismo por promesas anteriores que no se concretaron. Este proyecto representa una oportunidad para cerrar una brecha crítica en el acceso a servicios básicos, aunque el verdadero impacto se medirá en su implementación y en el acompañamiento a largo plazo.