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En un momento político tenso, el presidente Bernardo Arévalo y los diputados de la bancada suspendida Semilla, están impulsando una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto 40-94), con el objetivo de crear un mecanismo legal que permita remover a la fiscal general María Consuelo Porras.
La reforma propuesta busca modificar el artículo 14 de dicha ley, estableciendo que el Presidente de la República podrá destituir al Fiscal General por causa justificada, incluyendo falta de honradez, capacidad o idoneidad, incumplimiento de funciones, o enfermedad permanente que limite sus capacidades.
“Es un día histórico para la democracia. No más impunidad. Esta reforma busca rendición de cuentas, como lo exige nuestra Constitución”, declaró Arévalo el 6 de mayo, al entregar la iniciativa al Congreso.

El impulso a esta reforma no es solo del Ejecutivo. Los diputados del oficialismo dejan claro que harán presión legislativa hasta lograr la aprobación de los cambios, sobre todo tras la controversial captura de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán.
El diputado Samuel Pérez dijo que esto no es solo una reforma si no una línea divisoria entre quienes defienden la democracia y quienes quieren silenciarla. Pérez también criticó al Ministerio Público por acusar a líderes comunitarios de terrorismo y sedición por su activismo cívico.
Las capturas realizadas en circunstancias que evocan los peores momentos del conflicto armado interno, incluido el uso de paneles sin distintivos, provocaron indignación en sectores sociales y políticos ya que Pacheco es el actual viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas.
¿Qué cambiaría la ley?
La ley no deja claro cómo se puede remover al Fiscal General. La reforma busca establecer razones específicas para poder destituirlo, como no hacer bien su trabajo. Esto podría aplicarse a Consuelo Porras, a quien acusan de ignorar casos de corrupción y perseguir a opositores.
Con la reforma, el Presidente podría remover al Fiscal General si hay razones justificadas, como incapacidad o mala conducta. Luego, podría nombrar a una nueva persona, como ya lo permite la Constitución, a partir de una terna que le envía una comisión de postulación.
Ayer, durante la sesión plenaria número 19 del Congreso, diputados del oficialismo presentaron una moción verbal para que la reforma a la Ley del MP fuera conocida, discutida y aprobada. Sin embargo, la propuesta no obtuvo los votos necesarios para avanzar. La bancada oficial ya advirtió que insistirá hasta lograr su aprobación.
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