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La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó la captura del exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, y de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, por su presunta vinculación con el caso “Acuerdos Fraudulentos”, relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
Ambos son señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de haber favorecido a empresarios de Odebrecht mediante acuerdos anómalos que, según el MP, provocaron una pérdida de más de Q3 mil millones al Estado de Guatemala. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, indicó que se solicitará la extradición de ambos y la emisión de una alerta roja a través de Interpol.
“El jefe de Interpol confirma que no hay ni habrá circular roja contra los colombianos”, declaró Sánchez Cristo, periodista de la radio W en Colombia.
Interpol informó que no emitirá circular roja contra Iván Velásquez ni Luz Adriana Camargo, por considerar que la solicitud guatemalteca no cumple con los criterios establecidos.
Iván Velásquez dirigió la CICIG entre 2013 y 2017. Durante ese periodo, la Comisión apoyó investigaciones sobre estructuras de corrupción en Guatemala. Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia, también colaboró en investigaciones similares en su país. Desde la finalización del mandato de la CICIG en 2019, varios exintegrantes fueron procesados o se encuentran en el exilio.
Las acusaciones contra Velásquez y Camargo están relacionadas con el caso Odebrecht, una red internacional de sobornos en la que la constructora brasileña habría pagado comisiones a funcionarios en varios países, incluyendo Guatemala, a cambio de contratos de obra pública.
El Ministerio Público de Guatemala los señala de haber autorizado acuerdos de cooperación que favorecieron a los empresarios brasileños en perjuicio del Estado guatemalteco. Ante estos hechos, Iván Velásquez posteó en X su rechazo.
La orden fue firmada por los magistrados de la Sala Tercera: Alejandro Prado Estrada, Ingrid Vanessa García Vásquez y Otilio Benjamín López Maldonado. Prado Estrada fue abogado del diputado Felipe Alejos en el caso “Traficantes de Influencias”.
Además, la Sala Tercera giró otras 24 órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio Público y exintegrantes de la CICIG y la FECI, entre ellos:
- Thelma Aldana, exfiscal general
- Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI
- Mayra Véliz, exsecretaria general del MP
- Luis David Gaitán, excomisionado de la CICIG
- Exagentes de la FECI y empresarios vinculados a Odebrecht
Gobiernos reaccionan
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la orden de captura y la calificó como una persecución. El gobierno colombiano llamó a consultas a su embajadora en Guatemala y activó canales diplomáticos.
El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, también se pronunció. En un comunicado oficial, calificó las órdenes de captura como un acto “sin sustento legal” y como una acción que vulnera el derecho internacional. El Ejecutivo aseguró que estas decisiones judiciales tienen un “objetivo político” y constituyen un “abuso del derecho penal”.
Iván Velásquez aseguró en su momento que actuó con total transparencia y dentro del marco legal durante su mandato en la CICIG y ahora es un personaje reconocido internacionalmente y es embajador de Colombia ante el Vaticano.
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