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El cultivo de tilapia en jaulas dentro del Lago de Atitlán provocó nuevas tensiones entre instituciones del Estado, organizaciones comunitarias y actores judiciales. Mientras autoridades ambientales confirman contaminación y denuncian la ilegalidad de la actividad, líderes comunitarios acusan inacción estatal y exigen medidas inmediatas.
La especie tilapia (Oreocromis sp), originaria de África, ha sido introducida en cuerpos de agua del país mediante estructuras metálicas flotantes. Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán (AMSCLAE) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), su presencia representa un riesgo para los ecosistemas acuáticos nativos. En un comunicado emitido el 15 de julio de 2025, las instituciones señalaron:
“La especie comúnmente conocida como tilapia (Oreocromis sp) es originaria de África y tiende a desplazar a especies propias de los ríos y lagos de Guatemala”.
Por esa razón, indicaron que “la introducción y cultivo de tilapia en nuestros cuerpos naturales de agua está prohibido”.
Las autoridades informaron que en abril de 2025 presentaron denuncias ante el Ministerio Público y los juzgados municipales de Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna, San Antonio Palopó y San Lucas Tolimán.
En mayo, el MARN realizó un monitoreo de calidad de agua que, según el comunicado, “mostró 2.6 veces más Demanda Química de Oxígeno dentro de las jaulas que en el centro del lago”, lo que indicaría mayor contaminación en esa zona. Con base en estos resultados, se interpuso una denuncia por contaminación el 16 de junio.
Sin embargo, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Panajachel otorgó un amparo provisional a la Asociación de Acuicultores de Santiago Atitlán (AACUISA) para impedir el retiro de las jaulas. Las instituciones afirmaron que “se han admitido para su trámite todas las gestiones realizadas por las instituciones” y llamaron a la población a mantenerse informada y evitar la desinformación.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a través de su delegación en Santiago Atitlán, participó como observadora en una asamblea comunitaria convocada por autoridades ancestrales. Según su informe: “la asamblea comunitaria se desarrolló sin ningún incidente” y tuvo como objetivo “buscar una solución a la situación” derivada de la presencia de jaulas flotantes.
Durante la asamblea, realizada en mayo, se acordó el retiro de 200 jaulas. Según informó la PDH:
“Se logró recabar más de 13,000 firmas de personas con número de Documento Personal de Identificación (DPI)”.
Desde la comunidad también se emitió una postura pública. La Cabecera del Pueblo Tz’utujil, Autoridad Ancestral de Santiago Atitlán, señaló en un comunicado del 9 de mayo: “La contaminación progresiva de este cuerpo de agua no solo amenaza la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades cercanas, sino que también refleja una ausencia de políticas ambientales”.
El conflicto se mantiene. Por un lado, las instituciones afirman que han actuado dentro del marco legal; por otro, las comunidades indígenas reclaman la falta de acciones concretas y la persistencia de contaminación. El amparo a favor de los acuicultores sigue vigente, mientras los reclamos de retiro de jaulas crecen desde los pobladores y organizaciones locales.
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