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Una serie de disturbios se registraron la noche del miércoles 18 de junio en Río Dulce, municipio de Livingston, Izabal. Los incidentes ocurrieron al finalizar una mesa de diálogo entre autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y representantes comunitarios que mantuvieron bloqueada la carretera CA-13 en rechazo a licencias mineras en la Sierra Santa Cruz.
Según informó el MARN, las conversaciones tenían como objetivo informar a las comunidades sobre el estado del proceso administrativo respecto a diez licencias ambientales otorgadas en 2023 a proyectos de minería metálica. Al finalizar, las autoridades se comprometieron a presentar resultados concretos el próximo 30 de julio.
Cuando los funcionarios intentaban retirarse del lugar, un grupo de pobladores les impidió el paso. En respuesta, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron con apoyo de la División de Fuerzas Especiales de Policía (FEP), lanzando gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
En medio del enfrentamiento, Raymundo Amador Orellana, de 24 años, hijo del periodista comunitario José Raymundo Amador, resultó herido con una contusión en el cráneo que afectó sus pómulos, nariz y frente, según informaron los Bomberos Voluntarios. Fue trasladado a la emergencia del IGSS en Morales, Izabal.
Las imágenes del incidente fueron captadas durante una transmisión en vivo. En el video se escucha al periodista Amador gritar: «¡Me mataron a mi hijo!» mientras agentes se aproximaban al lugar donde su hijo se encontraba herido.
La Inspectoría General de la PNC inició una investigación sobre los hechos. El viceministro de Seguridad, José Portillo, dijo durante una citación con diputados del bloque VOS que se está revisando si hubo incumplimiento de los protocolos de actuación policial. «Yo personalmente verificaré el actuar de la Policía Nacional Civil. De hecho, este tema de las lacrimógenas se ha dicho repetidamente que deben dispararse hacia abajo», indicó Portillo.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, publicó en su cuenta oficial de X: «La actuación de la @PNCdeGuatemala se dio conforme a los protocolos y con estricto apego a los derechos humanos. Desde anoche mismo, instruí al Director General de la Policía Nacional Civil que ordenara a la Inspectoría General una investigación inmediata que deberá esclarecer objetivamente lo ocurrido.»
Jiménez agregó: «Estamos del lado de la verdad y de la justicia, porque Guatemala merece instituciones que respondan con firmeza ante los hechos que riñen con la ley, pero también con transparencia.»
El director general de la PNC, David Custodio, confirmó que fueron capturadas cinco personas tras los disturbios. Indicó que hubo disparos al aire por parte de civiles y que los responsables fueron detenidos.
«Definitivamente, dos días sumamente complicados en el tema de bloqueos en el kilómetro 279, en inmediaciones de Río Dulce, Livingston. Se realizó una mesa de trabajo con los líderes y se firmó un acuerdo, pero posteriormente otras personas empezaron a lanzar piedras hacia la subalcaldía y causaron lesiones», detalló David Custodio.
Según el Ministerio de Gobernación, se desplegaron más de 100 agentes para resguardar la zona. Luego de los hechos violentos, los bloqueos fueron retirados y el paso en la ruta CA-13 fue habilitado.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) explicó que el proceso de licenciamiento se inicia con la aprobación de la licencia ambiental por parte del MARN y luego debe llevarse a cabo una consulta a los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT.
Las manifestaciones en Livingston comenzaron el lunes 16 de junio, cuando comunidades Q’eqchi’, mestizas y garífunas instalaron bloqueos en rechazo a los proyectos mineros. Las comunidades exigen la cancelación de todas las licencias otorgadas en la Sierra Santa Cruz, argumentando que amenazan los ríos y fuentes de agua locales.
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