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El pasado 03 de abril, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) convocar a elecciones en un plazo de 24 horas. La resolución respondía a una acción de amparo presentada por miembros de la comunidad sancarlista, quienes señalaron que el CSU estaba retrasando injustificadamente la renovación de sus integrantes.
El CSU respondió el 04 de abril a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos (referencia DAJ No. 454-2025), afirmando que no puede cumplir con la sentencia porque, según ellos, ésta aún no ha cobrado firmeza.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC argumenta que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, emitida el 13 de febrero de 2025, no puede ejecutarse aún, ya que está pendiente la resolución de un memorial que presentaron el 12 de marzo del mismo año. Según la USAC, este trámite es clave para conocer los alcances reales de la sentencia.
Los miembros del CSU afirman que no están claros los términos que deben cumplir, y que solo la Corte de Constitucionalidad puede emitir una nueva ejecutoria definitiva que les indique cómo proceder.

Además, el CSU reitera que la toma de las instalaciones universitarias durante más de un año (entre 2022 y 2023) provocó un retraso en los procesos administrativos y elecciones internas. Incluso mencionan que ya se presentaron denuncias penales contra los responsables de la toma del campus, por los daños ocasionados.
Por ahora, el proceso está en un limbo legal: mientras el Tribunal de lo Contencioso exige elecciones inmediatas, el CSU se escuda en una supuesta falta de notificación formal para no acatar la orden. Todo esto sucede en medio de un contexto universitario polarizado, con sectores estudiantiles y docentes que exigen transparencia y la salida del actual rector Walter Mazariegos.
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