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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través del Fondo Social de Solidaridad (FSS), informó la reactivación oficial de los trabajos de construcción del paso a desnivel ubicado en la Calzada Roosevelt y 9ª avenida, zona 11 de la capital. La obra, que estuvo suspendida por más de un año, fue retomada este lunes 21 de abril, tras la firma del acta de reactivación.
Con esta medida, la empresa ejecutora reanuda labores de forma completa, superando la fase de trabajos de resguardo que se habían realizado en semanas anteriores. La finalización del proyecto está prevista para el 22 de diciembre del presente año, y se considera clave para mejorar la conectividad vial en el área metropolitana.
Durante la fase actual de construcción, la Policía Municipal de Tránsito de Mixto informó que se encuentran habilitados dos carriles en dirección Oriente sobre la Calzada Roosevelt, lo que ha comenzado a afectar la movilidad vehicular en la zona. Las autoridades de tránsito han solicitado precaución a los conductores y recomendaron considerar rutas alternas.

La Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, presidida por la diputada Alexándra Ajcip, citó a representantes del CIV, FSS, Covial, UCEE y la Contraloría General de Cuentas para supervisar la planificación de proyectos durante 2025. Entre los temas abordados se incluyó el estado de las obras suspendidas, reactivadas y los procesos de integración de juntas de cotización y licitación.
Durante la sesión, el FSS anunció que en la segunda semana de mayo se presentarán ocho nuevos proyectos de infraestructura, con enfoque en tramos carreteros en Escuintla, Petén y El Progreso.
La suspensión del paso a desnivel Roosevelt estuvo marcada por señalamientos de parte de empresas contratistas. En agosto de 2024, los consorcios CEBCO y COMOVISA emitieron un comunicado público en el que cuestionaban el manejo del proyecto por parte del Ministerio. Afirmaron que la obra había sido detenida sin garantizar los recursos necesarios para su finalización y señalaron una deuda pendiente por más de Q84 millones con distintas empresas adjudicatarias.

Según ese pronunciamiento, las empresas habrían sido convocadas por el propio Ministerio a un proceso de conciliación, cuyos acuerdos luego no fueron cumplidos. Además, advirtieron sobre la falta de una empresa supervisora designada, condición necesaria para dar validez a la reactivación de cualquier obra estatal. En ese entonces, denunciaron que las decisiones institucionales ponían en riesgo el avance de proyectos esenciales para la infraestructura del país.
A pesar de ese contexto, el CIV reiteró este mes su compromiso de ejecutar el proyecto con transparencia y eficiencia, destacando que el objetivo es mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los guatemaltecos.
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