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julio 30, 2025
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El martes 29 de julio, un operativo judicial en la finca Santa Rosalía Mármol, en Río Hondo, Zacapa, terminó con la muerte de dos campesinos y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC). El lugar es sede de una hidroeléctrica ocupada desde hace meses por pobladores que reclaman derechos sobre la tierra.
La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público (MP) y ejecutada con acompañamiento interinstitucional, incluida la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Bomberos Municipales Departamentales y la PNC. La orden, según el expediente MP289-2025-119, buscaba permitir el ingreso a la propiedad para realizar trabajos de reparación autorizados legalmente a la empresa Inversiones Pasabién, S.A.
Sin embargo, desde la llegada de las autoridades, la tensión fue evidente. Según la PDH, los comunitarios impidieron el paso. “Nuestra auxiliar intentó mediar pero no le permitieron el diálogo y fueron agredidos con piedras. Posteriormente se escucharon detonaciones de arma de fuego y nuestro personal quedó en el fuego cruzado”, informó la PDH en un comunicado.
Desde zonas altas de la finca, los agentes fueron atacados con armas de fuego, según la versión oficial. El agente Erick Everildo Sacul Xul, de las Fuerzas Especiales de Cobán, murió en el Hospital Regional de Zacapa por una herida de bala en el tórax. La PNC señaló que “este trágico suceso no solo atenta contra la vida de nuestros agentes, sino también contra funcionarios públicos cuya única finalidad era velar por el cumplimiento de la ley”.
El enfrentamiento dejó además varios agentes heridos y la muerte de dos civiles que participaban en la resistencia a la diligencia.
La empresa hidroeléctrica, en un comunicado, señaló que “los agentes de la PNC, como los representantes de la fiscalía, fueron recibidos a disparos por criminales con la cara cubierta y armas ilegales de grueso calibre”. Agregó que tras el repliegue policial, “el grupo criminal… se coordinó para tomar como rehenes a personal de seguridad, así como a la fiscal que cumplía con el mandato de notificar la orden de juez”.
El operativo no logró su objetivo. La finca continúa ocupada, según confirmaron las autoridades locales.
El alcalde de Río Hondo, Oscar Ernesto Mata, leyó un pronunciamiento oficial donde apuntó a irregularidades sobre la propiedad. “Sobre la certeza jurídica de las fincas del lugar aún hay litigio civil pendiente”, afirmó. Señaló además que “corresponde al Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, hacer el reclamo de la propiedad legítima de esta finca”, en referencia a la finca número 576, folio 40 del libro 6, grupo norte, donde se ubica la hidroeléctrica.
El Consejo Municipal responsabilizó a la empresa por los hechos: “Responsabilizamos a la entidad Inversiones Pasabién, S.A. por provocar estos hechos, los cuales pudieron haberse evitado si los personeros de dicha entidad tuvieran voluntad de diálogo y negociación”.
La PDH presentó un recurso de exhibición personal ante el Juzgado de Paz de Río Hondo a favor de mujeres, niños y personal del MP y otras instituciones que no pudieron salir del área y podrían necesitar atención médica.
Mientras se espera la identificación de los civiles fallecidos y se investigan los hechos, la tensión en la zona persiste. El caso también reabre el debate sobre la tenencia de tierra, el uso de la fuerza pública y los límites del derecho a la protesta en áreas donde existen proyectos energéticos de gran escala.
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